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La barbarie institucional argentina

La Prensa Desde 1930 a la fecha, la Argentina ha vivido un período de barbarie institucional. Durante varias generaciones, los argentinos hemos contribuido a generar una situación de permanente inestabilidad política y social, caracterizada por el no respeto de las normas constitucionales y legales y por la violación continua de la potestad de la justicia, que irremediablemente tuvo funestas repercusiones en nuestro nivel de vida

A mediados del siglo XIX, nuestro país había dejado atrás las guerras de la Independencia, atravesado años de profunda anarquía política y se encontraba bajo la gobernación de Rosas, quién al precio de cerrar el país a las ideas de libertad y progreso, había logrado consolidar la autoridad del poder central. Durante la extendida autocracia de Rosas, en 1844 más precisamente, Sarmiento escribe en el exilio su libro más conocido Facundo, cuyo subtítulo y manifiesto de lucha política era “Civilización y barbarie”. En Facundo, Sarmiento utilizaba la biografía del caudillo riojano Facundo Quiroga como símbolo de los males que asolaban a la Argentina, que él asociaba a la imagen de la barbarie, y proclamaba los beneficios de acceder a una nueva realidad basada en la organización constitucional, el fomento de la riqueza económica, la difusión de la educación popular y una generosa apertura a los pueblos del mundo, ideas que englobaba bajo el expresivo término de civilización. Este sencillo lema, aún consus exageraciones, constituyó, junto con las Bases de Alberdi, el programade desarrollo de la Nación que seguirían varias generaciones de argentinos y cuyo resultado fueron setenta años de crecimiento y prosperidad cultural.

La barbarie institucional

¿Por qué es útil recordar este capítulo de la historia argentina? Porque al igual que en el siglo XIX, la crisis actual es el resultado de interminables décadas de inestabilidad y decadencia que constituyen una barbarie del siglo XX, pero barbarie al fin. Desde 1930 a la fecha, la Argentina ha vivido un período de barbarie institucional. Durante varias generaciones, de una u otra forma los argentinos hemos contribuido a generar una situación de permanente inestabilidad política y social, caracterizada por el no respeto de las normas constitucionales y legales y por la violación continua de la potestad de la justicia, que irremediablemente tuvo funestas repercusiones en nuestro nivel de vida. Este estado de crisis recurrente merece ser denominado, actualizando la metáfora de Sarmiento, la barbarie institucional argentina. Cuando se acepta que la barbarie institucional se ha adueñado de nuestro destino, a la par se comprende que no hemos tenido ideas claras para superarla, que nos han faltado los Sarmiento y los Alberdi, y, por eso, no extraña que no surgieran los Roca y los Saenz Peña, capaces de brindarnos años de progreso y bienestar colectivo.

La democracia plebiscitaria

En el siglo XIX, un puñado de ideas claras fueron el punto de partida para pasar del antisistema al orden institucional, para dejar atrás la barbarie y alcanzar la civilización, y así implantar un sistema político estable y previsible. En la hora actual, el descreimiento absoluto en la clase política y la fragmentación de los partidos tradicionales, factores que se suman a una pertinaz ausencia de ideas-fuerza, debilitan peligrosamente las soluciones que se esperan del recambio del poder político mediante elecciones nacionales. Por fortuna, la valoración de la democracia como régimen de convivencia política continúa intacta. Pero aún así, no se vislumbra de qué manera el próximo Presidente de los argentinos logrará consenso y legitimidad para enfrentar de raíz nuestros vetustos y enquistados problemas estructurales. La paradoja, en apariencia insoluble, es que los ciudadanos confían en la democracia a pesar que no confían en los políticos. En otras palabras, la Argentina requiere una solución imaginativa que conjugue el deseo de la población de desplazar de la toma de las grandes decisiones nacionales a un minúsculo grupo de políticos de carrera con su férrea voluntad de vivir en democracia. En este sentido, la politizada Constitución de 1994 nos brinda una poderosa posibilidad: el plebiscito. En su artículo 40 instaura el derecho de la consulta popular, que establece que “el Congreso, a iniciativa de la Cámara de Diputados, podrá someter a consulta popular un proyecto de ley” Y agrega: “el voto afirmativo del proyecto por el pueblo de la Nación lo convertirá en ley y su promulgación será automática”. Si fuéramos capaces de discutir estas ideas con mayúscula, que sin duda se transformarían en la versión moderna de la civilización sarmientina, y de buscar consensos sobre una democracia plebiscitaria, cuyo fin sea incrementar la participación de los argentinos en la vida pública y comprometer a los partidos políticos en la utilización periódica de la consulta popular para que los ciudadanos se pronuncien sobre cuestiones vitales, habríamos hecho un aporte invalorable para resolver la paradoja que inmoviliza la acción política de la hora presente y superar la barbarie, es decir, la crisis y el empobrecimiento permanentes.

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