El teorema institucional argentino

Hipótesis: a mayor crecimiento económico y más sostenido en el tiempo, menor es el desarrollo de las instituciones democráticas argentinas.

Según esta hipótesis, cuanto más perdure un régimen político por su éxito económico, mayor es el daño que produce a la cultura democrática argentina.

Tesis: en la Argentina el crecimiento económico conspira contra el desarrollo y la consolidación de las instituciones democráticas. Esta tesis permite concluir que existe una correlación directa entre el crecimiento económico y la persistencia de graves falencias institucionales.

Demostración: a través de la historia argentina

La época colonial: desde los primeros tiempos de la vida colonial, la región estuvo sometida al dilema de sobrevivir o respetar las leyes de Indias. El Sistema de Flotas y la ruta de Portobello, el monopolio y la prohibición de comerciar, la venta de puestos públicos, el aislamiento del mundo como único designio de vida, forzaron a Buenos Aires a un contrabando darwiniano. Encubierta bajo la necesidad de sobrevivir, se comenzó a justificar la violación de los códigos legales en beneficio de la prosperidad económica y así se promovieron hábitos políticos, sociales y comerciales poco propicios para el desarrollo futuro de sanas instituciones políticas. Esta tendencia se acentuó cuando la expansión de las exportaciones de cuero impulsaron el primer gran período de crecimiento económico: se dejó de asociarlo con el grado de calidad de las instituciones. Aún peor, pronto se creyó que era imprescindible no respetarlas para alcanzarlo.

La organización nacional: superadas las guerras civiles, la Constitución de 1860 estableció las bases institucionales de la joven república persiguiendo dos objetivos principales: la instauración de un régimen republicano representativo y el progreso económico. Sin embargo, el objetivo del progreso rápidamente tuvo la primacía y en aras de lograrlo se sacrificó la implantación gradual de un sistema democrático. Hasta 1916, las prácticas del fraude electoral dieron forma a un sistema político inestable e inmaduro, que sólo pudo ser puesto en caja por un inusitado crecimiento económico. Es más, muchos autores, siguiendo a Alberdi, han sostenido que la República posible, esto es, la República no democrática, alcanzó tan elevados niveles de desarrollo económico, poblacional y educacional precisamente porque postergó la vigencia efectiva de las instituciones de 1860.

Para nosotros, en cambio, representa la demostración más vasta de los efectos perniciosos para la vida democrática debida a los regímenes políticos que subordinan el desarrollo institucional al crecimiento económico. Un pecado de lesa política que los argentinos pagamos con creces durante el siglo XX: esfumado el “boom”económico por la crisis imprevista de 1930, la ausencia de bases institucionales sólidas derivó en un no menos dilatado período de estancamiento económico, aquejado por profundas crisis recurrentes. En el siglo XIX, los argentinos protagonizamos el milagro de transformar un desierto deshabitado en una nación moderna, aún a costa del afianzamiento de las instituciones democráticas; por insuficiencia de nuestro desarrollo institucional, en el siglo XX protagonizamos el anti-milagro de la decadencia menos justificada y comprensible de Occidente.

La época peronista: desde el punto de vista institucional representa el tercer gran ciclo argentino. Se extiende desde 1945 hasta nuestros días. Se caracteriza básicamente por un mal entendido pragmatismo político, que siempre ha antepuesto metas económicas de corto plazo a una institucionalización social y política capaz de prolongarse por décadas. Una estrategia cortoplacista compartida también por sus opositores. En razón de ello, la fácil riqueza populista de la primera década peronista ocultó el repetido quebrantamiento institucional, agravado por los golpes militares, cuya principal invocación era justo el desarrollo económico nacional.

La discordia peronismo-antiperonismo, que a pesar de sus profundas diferencias compartía una única visión contra-institucional, llevó a desperdiciar la era dorada de la posguerra, la de mayor crecimiento económico del siglo XX.

Restaurada la democracia, asistimos impávidos al espejismo de la convertibilidad menemista, que tras el oropel del progreso económico postergó una vez más una genuina institucionalización democrática, y hoy estamos absortos ante el aparente milagro económico de la neoconvertibilidad kirchnerista, que será igual de funesta para las instituciones democráticas cuando se retiren las mareas favorables de la economía mundial y se asomen nuevamente las toscas bases cívico-políticas de la nación.

Corolario para el presidente Kirchner: cada vez que la economía del país funciona viento en popa, los políticos se han abusado de las instituciones republicanas. Pero la historia siempre se toma revancha. La inestabilidad institucional, la pérdida del orden público, la ausencia de un funcionamiento orgánico de los tres poderes de la República, la concentración de poder en la figura mesiánica del presidente, la continuidad de la vieja política, la aplicación de recetas económicas no sustentables en el tiempo, la ausencia de inversiones para incrementar la producción y la contrapartida de subsidios clientelistas, son síntomas alarmantes de males que hemos vivido muchas veces en nuestro pasado.

Causarán consecuencias políticas en extremo perjudiciales para la estabilidad democrática a la par que un daño colateral invariable: el retroceso innecesario de la economía a niveles inferiores a los existentes antes del período de crecimiento. En otras palabras, las crisis económicas argentinas han sido más profundas de lo necesario por haber estado asociadas a regímenes políticos violatorios de la democracia institucional. Por eso, no olvide, señor Presidente, una lección que los argentinos debemos aprender: en términos de consolidación de la democracia institucional la economía no es lo que importa. Y no solo esto: tampoco es lo que más importa en términos del propio desarrollo económico. Vivir para el corto plazo económico es el camino más seguro para nunca desterrar el maldito teorema institucional argentino.