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Como salvar a los políticos de sí mismos

La Prensa Si estuviéramos en el siglo XIX, la presencia del pueblo en las calles devendría en una Revolución. Sin embargo, en la Argentina actual, por debajo de cacerolazos y piqueteros, no hay ánimos revolucionarios en sentido tradicional. La paradoja argentina es reconocer que necesitamos la política y a la par rechazar en bloque a los políticos

La teoría política moderna ha demostrado que las naciones que logran un alto nivel de participación política, pero cuentan con instituciones políticas débiles o inmaduras, están condenadas a la inestabilidad. Nuestro país es un acabado ejemplo histórico de esta verdad: la ciudadanía tiene un grado de participación política comparable con las naciones desarrolladas, pero a diferencia de éstas, es muy baja la calidad institucional que hemos alcanzado como comunidad organizada. La inseguridad jurídica y la violación de los principios constitucionales, la corrupción generalizada de los políticos, la degradación de la división republicana de poderes a las “necesidades” del Poder Ejecutivo, la inoperancia de la burocracia estatal, el pésimo resultado obtenido del presupuesto invertido en salud, educación y asistencia social, son algunos de los elementos que prueban la pobreza de nuestra institucionalización. La consecuencia es la prevista por la teoría: una inestabilidad política crónica, origen de crisis recurrentes y de una postergación inaceptable de nuestro progreso.

¿Una sociedad sin políticos?

Aquello que no prevé ninguna teoría es la posibilidad de que la política desaparezca por completo. Tampoco augura que la participación del ciudadano medio alcance el protagonismo único que hoy tiene en la Argentina. El retorno de la democracia en 1983 significó el fin de los golpes militares, pero inesperadamente la clase política hizo tan mal las cosas que se ganó el rechazo unánime de los argentinos. Producido este suicidio sin antecedentes, la insólita novedad de la hora es la inexistencia de estructuras políticas en condiciones de canalizar consensos que indudablemente existen en una amplísima mayoría de los argentinos. Si estuviéramos en el siglo XIX, la presencia del pueblo en las calles devendría en una Revolución. Sin embargo, en la Argentina actual, por debajo de cacerolazos y piqueteros, no hay ánimos revolucionarios en sentido tradicional. La paradoja argentina es reconocer que necesitamos la política y a la par rechazar en bloque a los políticos.

Un Tribunal de Honor Político

La solución no pasa por intentar reformas desde “adentro” del mundo político, que serán siempre insuficientes, sino en salvar a los políticos de sí mismos, es decir, en instituir un sistema de control que les otorgue un margen de maniobra muy inferior al que han tenido hasta hoy. Sin llegar a los extremos de la democracia directa, una alternativa que todavía no ha madurado, los políticos argentinos deben ser controlados desde “afuera”, es decir, desde la sociedad civil. Si deseamos evitar que las turbulencias presentes conduzcan a una terrible crisis de convivencia, cuyo perfil es preferible no indagar, estamos obligados a imaginar instrumentos creativos. Una posibilidad sería establecer un Tribunal de Honor Político independiente que funcione con características similares a los tribunales de honor de las sociedades científicas, académicas y civiles. En estas sociedades, ser sancionado por el Tribunal de Honor tiene mayor peso que una condena judicial (generalmente se elevan asuntos que están fuera de la órbita judicial), significa el descrédito entre sus pares e incluso puede privar al miembro cuestionado del ejercicio de la profesión. El Tribunal de Honor Político estaría compuesto por miembros de reconocido prestigio social, ajenos a la clase política, y por ciudadanos elegidos por sorteo (como en el sistema de jurados norteamericano) cuyo cometido sería controlar cómo se cumplen las promesas electorales, examinar las conductas éticas de los políticos, proponer juicios políticos, y, muy especialmente, tener el poder de veto sobre las candidaturas electivas. En ningún caso reemplazaría las funciones de la justicia ni la vida interna de los partidos políticos. Por último, se crearía la institución de la Revisión Pública deResponsabilidades (RPR), siguiendo el modelo de los juicios de residencia que utilizaba la corona española para juzgar a los funcionarios, que sería obligatoria hasta una determinada posición jerárquica, tanto de cargos políticos como técnicos. El Tribunal de Honor Político colaboraría con la justicia en la sustanciación de la RPR cumpliendo un rol similar al de las ONG de defensa del consumidor. La política es imprescindible para superar la crisis actual, pero su pleno ejercicio exige que los políticos recuperen la confianza de los argentinos. La creación de un tribunal de vigilancia de la sociedad política es una alternativa a la altura de este desafío.

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