En los últimos días, desde diversos ámbitos del poder político, se lanzaron proyectos legislativos, acompañados de peligrosas declaraciones públicas, que comprometen seriamente los inalienables derechos a la libertad de expresión y de prensa garantizados por nuestra Constitución Nacional y los pactos internacionales, así como otros tendientes a cercenar el accionar de jueces y fiscales para investigar -y castigar, si correspondiere- delitos cometidos desde el poder.
El más grave sin dudas ha sido el proyecto de ley presentado por un grupo de senadoras del oficialismo en el que proponen modificaciones sustanciales al código Procesal Penal de la Nación que tiende a incorporar figuras que -según los fundamentos de la iniciativa legislativa- castiguen los “linchamientos públicos” que ejercería “un sector del Poder Judicial” junto a algunos “operadores mediáticos”.
Con el pretexto de penalizar “el uso constante e indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política y social”, el proyecto propone sancionar con la invalidez los procesos judiciales en caso de que se produzcan filtraciones en los medios masivos de comunicación de investigaciones que involucren a funcionarios públicos.
En un claro intento por restringir las facultades propias e indispensables del periodismo y de condicionar las facultades exclusivas del Poder Judicial, las senadoras María E. Catalfamo, Ana M. Ianni, Nancy S. González, Ana C. Almirón y María I. Pilatti Vergara, inscriben su proyecto dentro de una peligrosa tendencia restrictiva de las libertades públicas que propician algunos sectores radicalizados bajo el pretexto de la denominada “guerra judicial”. (lawfare)
En curiosa simultaneidad, el también oficialista senador Guillermo Snopek presentó, pocos días después, un proyecto de intervención al Poder Judicial de la Provincia de Jujuy que pareciera direccionado en el mismo sentido: garantizar la impunidad para personas acusadas por delitos de corrupción, ya juzgados o en proceso de ejecución, y que constituiría -en caso de aprobarse- una flagrante violación a la autonomía provincial y a la independencia de uno de los poderes de ese Estado legítimamente constituido.
Esas iniciativas fueron acompañadas por alarmantes declaraciones del propio Presidente de la Nación en las que avaló la dudosa teoría del “lawfare”, definida por el jefe de Estado como «una complacencia judicial y mediática con el poder político, que posibilitó la persecución y detención arbitraria de opositores». Para luego efectur una gravísima denuncia según la cual (durante el mandato del anterior gobierno) la Argentina habría sufrido “graves violaciones a los derechos humanos, y el Estado de derecho” que habría sido “vulnerado sistemáticamente mediante la aplicación regional de las tácticas de persecución del lawfare«.
El Club Político Argentino llama la atención sobre estos hechos que, al poner en cuestionamiento el Estado de derecho y coaccionar a los medios de expresión, amenazan la libertad de todos.
Publicado por el Club Político Argentino http://www.clubpoliticoargentino.org/declaracion-del-club-politico-argentino/